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ERGOSFERA

archive for September, 2007

aquellos de los que no hablamos

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Desde que a principios de Agosto el Conselleiro de Presidencia José Luis Méndez Romeu hizo públicas las intenciones de la Xunta de Galicia de promover una ley que apueste por la constitución de dos grandes áreas metropolitanas en la comunidad, La Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra, se ha reabierto una vez más el debate sobre la estructuración territorial de Galicia. El gran número de reacciones institucionales generado [por cierto, ¿dónde está la contribución de la ETSAC?...] y la inminencia de la aprobación de un anteproyecto de ley para su posterior tramitación en el Parlamento haría vaticinar que esta vez si se van a tomar decisiones relevantes para el futuro del sistema urbano gallego.

Sin embargo, aunque hasta La Voz de Galicia haya olvidado por un tiempo su última gran cruzada por la eliminación del impuesto de sucesiones, el carácter específico de las cuestiones que hasta ahora han sido planteadas en los medios de comunicación nos hace sospechar que un proyecto tan vinculante para todos los ciudadanos de Galicia va a ser “resuelto” de nuevo de una forma parcial e insuficiente, simplemente por miedo a una discusión que podría quebrantar la verdadera paz [que no nos engañen los fuegos artificiales…] social y política en la que el mercado y los partidos políticos viven tan cómodamente. Parece que otra vez van a ser más importantes las entidades ausentes [conceptos, expertos, ciudadanos…] que las presentes en el debate. Y por supuesto, no van a ser tan importantes la mayoría de las cuestiones en las que este debate estará abierto como en las que ya se cierre de antemano. De este modo, el cruce de opiniones y datos que como decimos lleva unas semanas presente en todos los medios de comunicación, ha producido un conglomerado heterogéneo de problemáticas priorizadas que bascula entre las ansiedades localistas, los recelos institucionales, el terror desmedido hacia la política y la falta total de reflexión sobre la realidad urbana contemporánea.

Si hay algo que se puede constatar es que a estas alturas a casi nadie se le ocurre discutir la necesidad de planificar el desarrollo de los entornos urbanos desde una óptica supramunicipal. Así, las únicas críticas directas al concepto área metropolitana parten por un lado de un cierto temor liberal a la complejización burocrática, que en todo momento se considera un problema solventable, y por otro, de un temor aún mayor a la creación de nuevos foros de discusión política, aspecto al que se achaca la ineficacia y el fracaso de otras experiencias metropolitanas ya testadas. Ni rastro de reflexiones sobre la posible relación entre la planificación total que se pretende conseguir y la obsesión generalizada por “higienizar” y organizar nuestros modos de vida, y todo a cambio de crear una ilusión de control sobre el devenir de la ciudad que incentive la creación de ese mundo seguro y sin antagonismos en donde el libre mercado no encuentre obstáculos insalvables, argumento que paradójicamente utilizan en sus reflexiones tanto los más conservadores como los radicalmente liberales.

En este contexto se observa que los objetivos “declarados” por las diversas posiciones institucionales y políticas son irrelevantes en comparación con los efectos que conllevará el fondo conceptual ya establecido y “consensuado” por todos. Así, parece que ya se ha decidido que los objetivos principales de la creación de estas dos áreas metropolitanas son, por una parte, potenciar la competitividad económica de Galicia en el contexto de la Unión Europea, y por otra, posibilitar el desarrollo de un plan urbanístico supramunicipal que fomente la comunicación interna e intente frenar desde la ley la especulación urbanística en las aglomeraciones urbanas más importantes de Galicia. La discusión sobre la eficacia de dicho proyecto para conseguir frenar un fenómeno dependiente de otros muchos factores más “delicados” de tratar, sobre el modelo de Unión Europea que queremos ratificar con nuestras acciones, sobre si el posicionamiento político debería ser anterior al puramente económico, sobre las consecuencias territoriales de cada uno de los modelos urbanos que se podrían fomentar desde una institución como ésta, o sobre las implicaciones sociopolíticas de la creación de un nuevo marco administrativo, han sido desterradas al olvido tanto por el miedo como por la ignorancia de los participantes [y los no participantes que consienten…] en el crucial debate que se está produciendo.

Por otro lado, a parte de las controversias localistas entre La Coruña y Vigo, y entre Vigo y Pontevedra, aderezadas con antiguas pretensiones de capitalidad, teorías de la conspiración, y declaraciones, acusaciones, desmentidos y aclaraciones sustentadas por todo alcalde con ganas de participar en el circo mediático, el tema principal sobre el que si se va a producir un debate más o menos público será el del funcionamiento específico de las nuevas entidades territoriales creadas. Pero incluso en este punto, los sistemas operativos propuestos hasta ahora varían entre dos opciones prácticamente indiferentes [de ahí la posibilidad de una mayor “falsa” participación], pues entre un simple marco de colaboración intermunicipal, y por tanto sin financiación propia, y una entidad que gestione ciertos servicios, como el tratamiento conjunto de basuras o el transporte metropolitano, y por tanto con cierta capacidad económica [financiada por nuevas tasas o por el traspaso de algunas ya existentes] existen diferencias, pero de una proporción ridícula en comparación a la decisión anterior de desvincular por completo a la política y al urbanismo de su influencia en la definición conceptual del nuevo elemento al que debemos dotar de capacidad funcional.

Por último, hay dos temas abiertos al debate que aún no han sido enfocados desde una perspectiva suficientemente ambiciosa, y que por tanto, dejan solapado un enorme potencial de influencia en el devenir del territorio. Estas dos cuestiones, el debate sobre el papel y las competencias de las diferentes instituciones públicas por un lado, y la discusión sobre la delimitación administrativa de las nuevas áreas metropolitanas por otro, esconden bajo el modo simplista con el que han sido tratadas conceptos imprescindibles como el ejercicio de la política y la representación de la realidad, que a su vez están profundamente interrelacionados con el territorio y con la ciudad.

Todas las entidades administrativas actuales, tanto la comunidad autónoma, como las provincias, las comarcas o los municipios, están definidas por unos límites virtuales ajenos a las escalas de acción necesarias para ordenar y vitalizar el territorio de una forma sensible y racional. En este sentido, lo primero que debemos asumir cuanto antes es que no se trata únicamente de dar respuesta a un problema de las áreas urbanas más dinámicas de Galicia, sino más bien de una cuestión relevante para todo nodo urbano, para toda entidad poblacional. Es decir, todos los estudios sociales, económicos y culturales que se realizan últimamente en zonas marcadas por su condición interna de separación administrativa, ya sea ésta regional o municipal, concluyen que la realidad social de estas áreas es totalmente indiferente a su marco administrativo. Si estas divisiones pudieron ser operativas cuando las condiciones de comunicación eran otras, ahora han sido superadas por la sociedad, convirtiéndose de repente en simples mecanismos inertes que flotan en un mar de impedimentos cuya complejidad determina negativamente las necesarias relaciones verticales y horizontales entre las mismas.

Desde luego, debemos generar una nueva gradación de escalas basadas en la realidad actual, y con capacidad de cambio cuando sus condiciones de contorno varíen: desde la dotación de capacidad de decisión a la escala barrio o entidad singular; a escalas más territoriales basadas en los ecosistemas, tanto ambientales como económicos, políticos, etc.; hasta el urgente modelo territorial para el noroeste peninsular, que se marque unos objetivos a escala geográfica y geopolítica acordes con las exigencias ciudadanas [no sólo económicas] del mundo contemporáneo.

En este sentido, deberíamos comenzar por cambiar los mecanismos de delimitación pública de la ciudad. Partimos de la hipótesis de que el futuro de Galicia, al igual que el del resto del planeta, es una batalla que se libra en la ciudad. Y que además, las problemáticas locales están rotundamente determinadas por factores de escala global que es necesario estudiar para entender y proponer modelos de futuro realmente comprometidos.

Hay que tener en cuenta como indicio que en los foros de discusión urbanística se lleva ya tiempo hablando de un posible futuro marcado por la minimización conceptual de las naciones europeas, lo que conllevaría la aparición de una especie de nuevas ciudades-estado que estructurarían un “espacio de civilización” [1] amplio pero acotado llamado Unión Europea. Aunque no lleguemos pronto al contexto del llamado “global-federalism” comentado por la alcaldesa de Milán y cómplice de Berlusconi, Letizia Moratti, es cierto que la ciudad si parece estar ganando actualmente no sólo un peso político y económico sin precedentes, sino también una presencia mediática y una influencia cultural comparable en muchos casos a las propias naciones.

El problema es que aún no hemos construido unos mecanismos de representación de la ciudad adecuados a su realidad presente. Como siempre comentan en sus clases Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda, para analizar una determinada realidad debemos comportarnos como una especie de científicos de Marte, como si fuera la primera vez que vemos una realidad semejante. En el caso de la ciudad los métodos de representación y análisis que utilizamos son completamente ajenos a su realidad contemporánea precisamente porque somos incapaces de pensar la ciudad sin prejuicios [ya sean disciplinares o ciudadanos].

Quizás tengamos que comenzar a utilizar con la ciudad métodos de análisis más cercanos a la investigación científica, es decir, más relacionados con su puesta en crisis de forma intencional que con su parametrización “desde arriba”. Comenzaríamos así a tratar con la realidad de una forma más sofisticada, a experimentar con la ciudad como dice Izaskun Chinchilla, poniéndola en crisis para medir sus reacciones y sacar conclusiones operativas [2]. El problema no es ya que estas investigaciones no se desarrollen en la realidad, sino que ni siquiera se utilice la capacidad tecnológica actual para simular hipótesis de prueba que “testen” la ciudad inserta en diferentes escenarios territoriales, para averiguar así mediante qué parámetros se construye su realidad social.

Así, si ante todo debemos pensar la ciudad como marco de lo social, pues es una definición más cercana a la ontología del hecho urbano que cualquier concepto ligado a la arquitectura o al urbanismo, parece obvio vincular su realidad física a su realidad política. Sin embargo, los planos urbanísticos profesionales que se producen en cualquiera de las oficinas capaces de elaborar un proyecto urbano o de desarrollar un plan general, adolecen de una total falta de reflexión acerca de imposibilidad de representar una realidad compleja como la ciudad contemporánea con los mismos mecanismos y parámetros desde hace décadas.

Por eso, un paso anterior del que no debemos olvidarnos es la renovación de los mecanismos de descripción y delimitación de la ciudad hacia formas más relacionadas con las implicaciones del concepto de lo urbano como espacio político, pues las cuestiones para el debate democrático, las asambleas en las que deberíamos participar como ciudadanos, se independizan cada vez más de la realidad física estudiada con una óptica convencional. Aunque los parámetros formales, de densidades demográficas, o de realidades territoriales nos han servido hasta ahora por sí solos para relacionar a la ciudadanía con su realidad política cotidiana, no parece que hoy por hoy puedan producir un documento capaz de vincular al ciudadano medio con el “pedazo” de realidad en la que su opinión ha de valorarse democráticamente.

Por lo tanto, para llegar a medir, cuantificar, caracterizar, definir o delimitar la realidad política [y por tanto ontológica, y por tanto administrativa…] de una ciudad contemporánea hay que producir documentos mucho más sofisticados, no sólo en el sentido técnico y metodológico sino sobre todo conceptual, de enfoque. Así, en dichos documentos, para definir la realidad de la ciudad también se representarían desde sus instalaciones de tratamiento de basuras, hasta los lugares de procedencia de sus inmigrantes, el alcance de su contaminación o el embalse de donde toma el agua potable, comenzando así otros territorios a adquirir ese estatus urbano que hasta el momento ha sido reservado a la “ciudad central” y por tanto, única real. Es decir, aunque muchos de los procesos más influyentes en la vida cotidiana de los ciudadanos aún no considerados como tales [por habitar en lugares fuera de la ciudad oficial] se hayan invisibilizado hasta ahora por diferentes motivos, no podemos continuar relegando su existencia únicamente a efectos colaterales del hecho ciudad de los que nos desentendemos mientras no necesitamos su cooperación. Y no nos referimos aquí solamente a las realidades más “correctas” que hasta ahora hemos mencionado, sino también a todos esos movimientos antagonistas a los que los impedimentos administrativos a su visibilización urbana han aislado hasta convertirlos muchas veces en grupos cerrados cuyas propuestas alternativas son percibidas por la población como excesivamente radicales. Es precisamente la existencia de todas estas realidades la que define con precisión los verdaderos límites de la ciudad, su verdadera influencia, y por tanto, su marco social, político y democrático.

[1] MANENT, Pierre; Curso de filosofía política; Fondo de cultura económica de Argentina, Buenos Aires, 2003; p. 83.
[2] Conferencia de Izaskun Chinchilla en el taller Metaedades [ETSAC, La Coruña, 2006].

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